Deuda Púbica

Hasta septiembre de 2012 la deuda pública de estados y municipios equivalía a más de 400 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que equivale a la mitad de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Al excesivo endeudamiento de entidades federativas y municipios, que de acuerdo a información de Hacienda representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se adicionan créditos a corto plazo contratados por municipios, los cuales no requieren la aprobación de los congresos locales para su operación; es decir, la información disponible no es suficiente para conocer el monto real de la deuda pública.

Para finales del primer semestre de 2012 la deuda de entidades federativas y municipios representaba el 80 por ciento de las participaciones federales, lo que hace suponer la contratación discrecional de créditos por parte de gobiernos estatales y municipales al tener comprometida la mayor parte de sus ingresos; no obstante, la SHCP reduce, tecnocráticamente, el endeudamiento público a puntos porcentuales del PIB nacional y alega que la Federación no cuenta con recursos para rescatar a estados y municipios en preocupante situación financiera.

El federalismo simulado de la República Mexicana hace prácticamente imposible que gobiernos estatales y municipales se encarguen de solventar la deuda que contrataron desde la comodidad del escritorio. La SHCP, también desde la comodidad de las oficinas de gobierno rechaza revisar caso por caso y generar soluciones que deriven en el saneamiento de las finanzas públicas.

El exagerado endeudamiento en todos niveles de gobierno nos conduce a revisar las raíces de la insuficiencia de recursos, privilegios fiscales de grandes empresas nacionales y extranjeras, facultades tributarias equilibradas para los tres ordenes de gobierno, eficiencia en el gasto público, transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de los recursos públicos. Este último punto resulta de gran trascendencia pues existen créditos contratados por estados y municipios que no son reportados ante ninguna autoridad. Se trata de dinero público que se maneja en la completa opacidad, al margen de todo escrutinio público e institucional.

En este sentido la responsabilidad de la banca comercial es evidente. Las instituciones financieras establecen unilateralmente plazos, tasas, condiciones y garantías. Saben que la Federación se verá obligada a absorber la deuda de estados y municipios, al grado de que los banqueros presionan para ampliar los plazos como sucedió en el estado de Coahuila.

El problema es mayúsculo, los banqueros impulsan crisis financieras en las que luego se ven beneficiados, léase IPAB. La SHCP no se molesta en solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) copia de los contratos de deuda adquirida por estados y municipios, para conocer el monto real de deuda pública y tomar decisiones en consecuencia.

Los controles de deuda pública se tienen que establecer para gobiernos y banqueros, aunque se antoja difícil que se impongan restricciones y sanciones a éstos últimos bajo el actual gobierno federal militante del libre mercado. Ya veremos en el segundo semestre del presente año, cuando se presente la iniciativa de ley para crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Por lo pronto, la SHCP tiene que cambiar su postura de que estados y municipios se las arreglen como puedan.

Políticas públicas para el federalismo

Por: Alberto I. Carral

El establecimiento de un orden jurídico centralizado sobre comunidades jurídicas independientes una de la otra implica, necesariamente, la creación de un Estado que absorba a todas aquellas comunidades y regule la conducta de los individuos de cada una de ellas.  Así pues, encontraremos la justificación jurídica para el federalismo.

Sin embargo, desde la óptica política y sociológica, nos tenemos que remitir ineludiblemente a aspectos democráticos y culturales, dado que uno de los objetivos del federalismo es no concentrar el poder político en un ente u órgano con capacidad de mando universal.

En este sentido, así como la democracia pretende garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, el federalismo se impone el objetivo de asegurar la autonomía y la relativa independencia de las comunidades que conforman a un Estado-nación. En teoría, el federalismo ofrece al ciudadano la posibilidad de participar activamente en la elaboración de verdaderas y auténticas políticas públicas, dentro de sus respectivos espacios públicos.

Ahora bien; contamos con tres órdenes de gobierno que observan distintas formas de organización y participación, con diverso impacto y alcance político; en donde el sentido de pertenencia que un individuo posee con respecto a la comunidad en la que habita determinará en gran medida su participación en la cosa pública, por lo que es fundamental que la apertura del sistema político en general, y del federalismo en particular, sean prioridad en la modernización del andamiaje institucional.

De ello se sigue que un federalismo de consecuencias materiales debe fomentar una cultura política de participación ciudadana; debe otorgar a la población espacios de opinión, debate y decisión para integrar a todos aquellos que deseen constituirse en actores políticos activos, y dejar las puertas abiertas en todo momento. No obstante, el federalismo mexicano no ha logrado distribuir de manera equitativa el poder político en la sociedad y en las comunidades. La simple y llana expresión de “los políticos” está cargada de un claro sentimiento de distanciamiento de los ciudadanos sobre la toma de decisiones que afectan en diversos sentidos al grueso de la población. Exhibe a una ciudadanía que se concibe ajena a los asuntos públicos, y marca la división entre “un ellos” y “un nosotros”.

Siendo así, se hace presente la urgente necesidad de replantear nuestro federalismo, de señalar los puntos que imposibilitan a nuestras instituciones la distribución del poder político de acuerdo a las posibilidades, capacidades y necesidades de entidades federativas y municipios.

En contrasentido a la esencia del federalismo, el Estado mexicano ha concentrado en el orden federal las facultades de recaudación y distribución del dinero público. Si bien podemos mencionar que existe autonomía municipal en el país ésta únicamente es patrimonial y administrativa, ya que en el ámbito presupuestal el sistema político-administrativo permanece excesivamente centralizado, quizá a consecuencia de la cultura presidencial que todavía impera en la clase política.

Es preciso destacar que el federalismo mexicano será más democrático y efectivo cuando más facultades y atribuciones reserve para estados y municipios, y se ejerzan de manera responsable y transparente; es decir, la relación es inversamente proporcional: a mayor margen de competencia del órgano central, dicho de otra manera, la federación, el grado de competencia de los gobiernos locales será menor. Y viceversa.

La distribución de ingresos públicos entre federación, estados y municipios son de las más desiguales en América Latina. Por consiguiente, si el municipio es el ente político, jurídico y administrativo más cercano al ciudadano, lo ideal sería que los recursos municipales fueran los suficientes para satisfacer las demandas e intereses de la población.

Adicionalmente, el federalismo excluyente que vive México ha condenado a millones de ciudadanos y cientos de comunidades a la marginación de las decisiones de interés público. La irracional distribución del dinero público ha contribuido a obstaculizar considerablemente la movilidad social, generando consecuencias desastrosas para la calidad de vida de los mexicanos.

Así, en los hechos, para los tres órdenes de gobierno el individuo es importante como elector y contribuyente, pero no como ciudadano con pleno goce de derechos y ejercicio de obligaciones, no como sujeto político con capacidad para incidir en la dirección de los asuntos públicos o en el diseño de las políticas públicas; por ejemplo, en materia de educación, salud, empleo, infraestructura, etcétera.

Por otro lado, el modelo económico neoliberal impulsa la pérdida de capacidades en municipios, estados y la propia federación, ya que bajo dicho esquema económico se piensa que el mercado regula, administra y controla el bienestar en la sociedad. Una falacia para justificar la adquisición de riquezas sin restricción alguna.

Una federación debilitada por intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole simboliza la exclusión de la ciudadanía en temas que le competen como tal, como son el diseño (y de alguna manera la evaluación) de la política pública y el pleno ejercicio de derechos y obligaciones.

Por lo anterior, es preciso considerar reformas constitucionales que enriquezcan la distribución gubernamental de políticas públicas, entendidas éstas como cursos de acción específicos y particulares que integran a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Sin duda, una tarea insoslayable en la configuración de un federalismo democrático y eficaz.

Es importante destacar que los gobernadores de los estados obtuvieron autonomía con respecto al jefe del Ejecutivo Federal sin necesidad de reformas constitucionales. No obstante, tal independencia solamente existe en el sentido político, pues en el ámbito presupuestal la supeditación de entidades hacia la federación es manifiesta. Las autoridades locales ni recaudan ni transparentan el gasto, y es aquí donde son menester reformas a nuestra Ley Suprema.

En conclusión, auténticas políticas públicas generadoras de una cultura política de participación ciudadana e identidad comunitaria, así como reformas en la Carta Magna para distribuir la recaudación fiscal, con el objetivo de robustecer la hacienda pública en estados y municipios, y con ello el federalismo, determinarán en gran medida el destino del Estado mexicano.

Referencias:

1. Kelsen, Hans (2007) Derecho Internacional y Estado Soberano: Un diálogo con Kelsen sobre Paz, Federalismo y Soberanía. España, Ed. Tirant Lo Blanch

2. Uvalle Berrones, Ricardo (2011) Rumbos de la Transparencia en México. México, Ed. UNAM

3. Cejudo, Guillermo (2011) Nueva Gestión Pública. México.